Violencia en la familia

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Imposible de aguantar, la violencia doméstica es difícil de describir, incluso para los testigos pasajeros o los terapeutas implicados en recuperar a las víctimas. Asociada en general a los abusos físicos, la violencia familiar tiene también otras formas: violencia económica (la creación deliberada de la dependencia financiera de las víctimas), violencia social (aislamiento de la víctima de sus parientes o amigos), violencia verbal (insultos que reducen la autoestima) o violencia sexual, en muchos casos el equivalente a la violación matrimonial.

Todas estas formas y otras se han reglamentado en Rumanía mediante la ley 217/2003, la ley del Código Civil sobre la prevención y el combate de la violencia familiar. Era necesario tener una ley de este tipo en un país en el que, según la agencia de la UE que monitoriza el cumplimiento de los defechos fundamentales, Fundamental Rights Agency, una de cuatro mujeres sufrió en 2015 acoso físico y sexual por parte de su pareja. Más del 70% no denunciaron los actos de violencia. Algunos de los motivos están mencionados en la misma legislación y son imperfecciones de la ley 217/2003, según ha destacado Andreea Bragă, presidenta del Centro Filia, una organización no gubernamental que lucha contra la desigualdad de género:

“A partir de 2012, esta ley se ha modificado y se ha introducido también la orden de protección, un instrumento absolutamente necesario para proteger a las víctimas de la violencia. La ley prevé también ofrecer servicios a las víctimas de la violencia familiar, así como algunos recursoso financieros necesarios. Pero muchas veces los presupuestos locales no han vuelto a asignar estos recursos. Por ello, 13 distritos no tienen ningún albergue para las víctimas de la violencia familiar. Por lo demás, la orden de protección, que se introdujo en 2012, no asegura la protección inmediata. La Red de Combate a la Violencia contra la Familia, una red de 24 organizaciones no gubernamentales de la que también forma parte nuestra fundación, ha monitorizado la manera en la que se ha puesto en marcha la orden de 2012. Los resultados han mostrado que tarda un promedio de 33 días en emitirse la orden desde la fecha de solicitud.”

En el último año, aunque en el servicio de emergencia 112 se han registrado 150.000 llamadas para comunicar actos de violencia doméstica, se han emitido solamente mil órdenes de protección. Además, los trámites jurídicos que deberían proteger a la víctima o castigar al agresor se ven dificultados por la burocracia, de la que la mayoría de las veces, se debe encargar la víctima. Por ejemplo, en el caso de un proceso, se tiene que encargar de gran parte del probatorio. A esto se añade la respuesta muchas veces sospechosa de la comunidad y también la reticencia de la autoridades para emitir la orden de restricción por varias razones. Nuevamente al micrófono Andreea Bragă:

“Muchas veces la gente de su entorno o la familia acusan a la víctima diciendo: “¿Pero tú qué hiciste? Porque no te pegó sin motivo.” Incluso las autoridades tienen muchas veces una actitud hostil o desalentadora. En algunos casos las víctimas también han retirado la denuncia por los comentarios de algunos policías. Hay una resistencia del tipo: “¿Qué hacemos con el derecho de propiedad del agresor? ¿Cómo lo vamos a echar de su propia vivienda?” Pero aquí no se trata de violar el derecho de propiedad, sino del derecho superior de la víctima de sentirse segura. Ahora, durante los 33 días que tarda en emitirse la orden, la víctima sigue viviendo con el agresor o, si va a los parientes o los amigos, sigue en contacto con el agresor, quien se puede poner en contacto con ella, amenazarla o al contrario, tratarla muy bien. Por lo tanto, las víctimas se sienten desalentadas para continuar el proceso en el tribunal.”

Indiferentemente de la decisión de acudir a la justicia o renunciar a esta iniciativa, muchas mujeres acosadas suelen pedir el apoyo de las asociaciones caritativas como ANAIS. Aquí las víctimas reciben asesoría jurídica para preparar el caso antes de presentarlo en el tribunal y, sobre todo, asesoría psicológica en las sesiones individuales de terapia o en los grupos de apoyo. Pero aún así, se tarda muchísimo en curar las heridas interiores, dado que la violencia psicológica tiene las peores consecuencias para las mujeres. He aquí la declaración de Mihaela Mangu, presidenta de la asociación ANAIS:

“Muchas de ellas tienen ataques de pánico porque suelen pasar mucho tiempo en tensión, con el agresor. Incluso temen moverse o hacer un gesto para no provocar al agresor. Después de aguantar tanto tiempo la tensión y el temor, queda el hábito de pensar que algo mal está a punto de pasar. Desde el principio, la autoestima es el aspecto psicológico más afectado. Siempre te dice que eres estúpida, que no vales nada, que no podrás salir adelante sola. Todo esto reduce la autoestima y conlleva el aceptar la situación de violencia.”

A finales de febrero, el Parlamento de Rumanía ratificó el convenio del Consejo de Europa sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido también como “Convenio de Estambul”. Andreea Bragă, presidenta del Centro Filia, ha presentado sus principales normas:

“Es necesario introducir la orden de protección de urgencia emitida en 24 horas. El Convenio de Estambul la ha denominado orden de prohibición  de urgencia y, en algunos casos de violencia, las autoridades la tienen que emitir inmediatamente después del episodio de violencia. Es también importante que el convenio admite que la mayoría de las víctimas de la violencia doméstica son mujeres y subraya que la violencia contra las mujeres resulta de las relaciones históricas desiguales entre mujeres y hombres. La ratificación de este convenio supone también prevenir la violencia. Esperamos que en el plan de estudios se introduzcan clases que enseñen la igualdad de género, el respeto en la pareja, el reconocimiento de la violencia contra las mujeres y cómo solucionar los conflictos sin usar la violencia.”

En el siguiente período, Rumanía tiene que ajustar su legislación para poner en marcha este convenio.